Según dispone la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, corresponden a la “Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años.”

 

El CERMI pide la revisión de esta normativa, que ha quedado obsoleta, en la línea de lo que acaban de hacer países como Reino Unido, que han reformado su legislación para aplicar estos recursos a fines sociales a través de la creación de un fondo de inversión social denominado “Big Society Capital”.

 

Como primera medida, el CERMI reclama rebajar de 20 a 10 años el plazo en que las cuentas han de estar inactivas –en Reino Unido es de 3 años– para considerarlas durmientes y revertir al Estado.

 

Además, de la reducción del periodo temporal, el CERMI reclama que esas cantidades no se ingresen en el Tesoro Público, donde se difuminan y pierden impacto, sino que tengan carácter finalista para financiar proyectos sociales de inclusión de grupos vulnerables desarrollados por entidades del tercer sector.

 

Se trataría de incrementar los recursos públicos para fines sociales, en momentos críticos como los actuales, aflorando nuevas vías de ingresos.